Aguirre pone en manos privadas el control de los nuevos hospitales

Sanidad pagará 2,4 millones a una empresa para que supervise a las contratas

Esperanza Aguirre puso en marcha en 2008 siete hospitales
nuevos a la vez con un sistema, inédito en Madrid, que le permitía
desentenderse de todo lo que no fuera asistencia sanitaria. Mediante una
concesión administrativa, encomendó a varias empresas la construcción
de los edificios y la gestión de todo menos lo estrictamente sanitario:
administración, limpieza, restauración, mantenimiento, esterilización…
Las empresas eran propietarias de los edificios y gestionaban todos los
servicios. Si lo hacen bien o mal, si cumplen las condiciones o si
subsanan a tiempo los errores, está también en manos privadas. La
Comunidad de Madrid se gasta 1,2 millones de euros al año en contratar a
una empresa para que supervise a las concesionarias de los hospitales.

La empresa que gane el concurso para «monitorizar los contratos de
concesión de obra pública» de siete de los nuevos hospitales deberá
prestar apoyo a la Administración para «la supervisión en cuanto al
correcto y continuo funcionamiento de los servicios no sanitarios que
deben prestar las sociedades concesionarias», asegura el pliego de
condiciones técnicas. El trabajo consiste en controlar «la
disponibilidad y calidad» de los servicios privatizados y dar apoyo a la
Unidad Técnica de Control. Los siete hospitales públicos de gestión
mixta público-privada son Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta
Cristina (Parla), Henares (Coslada), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta
Sofía (San Sebastián de los Reyes), Sureste (Arganda) y Tajo (Aranjuez).
La vigencia del contrato, que actualiza otro ya existente, empieza el
21 de diciembre próximo y se ejecutará durante dos años. La Comunidad
pagará 2,4 millones de euros en total en estos dos años.
El nuevo
modelo de gestión hospitalaria consiste en que la Comunidad paga un
alquiler anual a las empresas constructoras, de forma que se convierte
en inquilina de sus propios hospitales durante 30 años. Las UTE que
construyeron los edificios gestionan todos los servicios no sanitarios:
seguridad, residuos, conservación de viales y jardines, lavandería,
transporte interno, etcétera. Y explotan la parte comercial: tiendas,
máquinas expendedoras, cafetería y comedor, aparcamiento, teléfono y
televisión en las habitaciones. El coste del alquiler, el canon anual
que paga la Comunidad, es de 138 millones de euros en 2011.
La
Cámara de Cuentas llamó la atención al Servicio Madrileño de Salud el
año pasado por no controlar suficientemente la calidad de los servicios
que prestan las entidades privadas o fundaciones a las que deriva a los
pacientes mediante convenios o conciertos. El informe, referido al año
2007, decía sobre los nuevos hospitales que se iban a poner en marcha
que «en ejercicios futuros será necesario que Sanidad refuerce sus
unidades de control» para garantizar que la asistencia sanitaria «sea
prestada en condiciones de equidad e igualdad a todos los
ciudadanos».Pese a que el concurso se publicó el pasado 28 de julio en
el boletín oficial, los pliegos de condiciones están fechados el 6 de
junio, apenas un mes después de que el entonces candidato socialista a
la presidencia de la Comunidad, Tomás Gómez, mostrara durante un debate
televisivo con la presidenta de la misma, Esperanza Aguirre, una carta
de las constructoras de los nuevos hospitales al consejero de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty. En la misiva, la Asociación Nacional de
Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España (Seopan) alertaba
del «colapso» de las concesiones si la Comunidad no les pagaba 80
millones de euros que consideraba que les debía y aumentaba el canon
anual en otros 9,2 millones de euros. Seopan aseguraba que había puesto
una veintena de recursos contencioso-administrativos por lo que
consideraba «incumplimientos».
Las constructoras se quejaban, por
ejemplo, de que sirven más comidas a los enfermos de las que deberían, o
que el servicio de esterilización trabaja más de lo que luego se les
paga. También criticaban que los accionistas de sus empresas están
recibiendo menos dinero después de que el pasado 1 de enero se
modificara el plan general contable y disminuyera la rentabilidad del
negocio. Sobre uno de los puntos más importantes, el IVA que facturan a
la Comunidad, las empresas argumentan que debe ser con el tipo general y
no con el reducido. Sin embargo, una sentencia del pasado 4 de abril
dio la razón a la Comunidad frente a la concesionaria del hospital del
Sureste.
La carta que divulgó el PSM en campaña electoral sacó a
la luz las tensas relaciones entre las concesionarias de los hospitales y
la Comunidad de Madrid. Oposición y sindicatos tacharon de «chantaje»
la presión de las constructoras y se preguntaron si la Comunidad
acabaría cediendo. De momento, los servicios jurídicos están examinando
algunas de las reclamaciones, asegura un portavoz de Sanidad. «Las
constructoras siguen prestando sus servicios en los hospitales y
nosotros les pagamos puntualmente», añade. La Comunidad continúa pagando
el IVA al tipo general, pero las facturas están recurridas. «Estamos
pendientes de una posición definitiva de la Dirección General de
Tributos estatal», señala el portavoz.
«El objeto de este contrato
son labores administrativas y de control que pueden ser realizadas por
personal del Servicio Madrileño de Salud, y que se encargan a una
empresa privada con coste para el presupuesto sanitario», afirman desde
la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, que
critica el «despilfarro». «¿Es que durante este tiempo nadie controló el
funcionamiento de las concesiones?», se pregunta.
Sanidad asegura
que la Unidad Técnica de Control supervisa los nuevos hospitales desde
el inicio. La Comunidad ha desarrollado una aplicación informática
llamada SIGI (Sistema de Información de Gestión de Incidencias) que, a
partir de casi 300 indicadores, permite calcular cuánto descontar del
canon por deficiencias en limpieza, lavandería… Estos fallos son
información que la Comunidad no considera pública y que no se pueden
consultar. Sanidad asegura que la calidad del servicio en 2010 fue
«elevada» y que apenas restó dinero del canon.
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